El 24 y 25 de octubre, en Lima, se reunieron alrededor de 300 alcaldes, regidores y funcionarios municipales con autoridades del Poder Ejecutivo para debatir y proponer alternativas de desarrollo. La Vice presidenta mencionó su interés en trabajar articuladamente con los gobiernos locales para reducir la brecha de servicios en las zonas rurales y garantizar el desarrollo de la agricultura como motor económico.
Como parte de las Declaración de la VIII Conferencia Anual de Municipalidades 2012, se llegaron a las siguientes conclusiones:
La inclusión social, es resultado del ejercicio de los derechos ciudadanos y del acceso a los servicios públicos de calidad, para ello, no es suficiente el alivio temporal, se requiere avanzar en la generación de oportunidades económicas, para ello hay que transitar de programas de subsistencia al emprendimiento.
La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú - REMURPE puede jugar un rol fundamental en esta estrategia, por su cercanía a la población y porque vía fondos concursables viene interviniendo en la promoción de actividades productivas y mejoramiento de los servicios públicos locales.
Es necesaria una estrecha articulación entre los distintos niveles de gobierno para aprovechar los recursos y no caer en duplicidad de funciones, esto debido a la ausencia de una adecuada matriz de funciones y competencias que demanda la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Existe una débil institucionalidad y desactualización de los instrumentos de evaluación y control ambiental, que se manifiesta en la proliferación del número de concesiones mineros a lo largo y ancho del país, sin ninguna lógica de planificación, ni menos de preservación ambiental. Esta debilidad institucionalidad incluye a los Gobiernos Regionales y Locales, cuyas competencias no incluyen este tema.
Lo rural debe ser abordado con un enfoque no solo agrícola, sino de manera integral relacionado con los otros sectores especialmente de salud, educación y el sistema nacional de riesgo de desastre. Por lo tanto, es necesario avanzar hacia una Plataforma Nacional de desarrollo Rural con la incorporación no solo de entidades del Estado que trabajan el tema, sino también con organizaciones de productores e instituciones privadas vinculadas a este sector.
