Si se produce la intervención estatal, hasta cobraría seguros por dicha interferencia. Aseguran que minera tiene deudas por unos US$1.180 millones
La decisión de la empresa Doe Run, de poner cada vez más condiciones para dilatar la reanudación de sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, escondería una intención: obligar al Estado Peruano a intervenir la empresa o a comprarla, para evitar mayores conflictos sociales.
Esa sería la mejor salida para la empresa y su principal accionista, Ira Rennert, que de esa manera se librarían de todas sus deudas y responsabilidades —que superarían los US$1.100 millones— y, además, podría cobrar los seguros que protegen a las transnacionales de la intervención estatal.
Así lo concluyeron los consultores en temas mineros Jorge Manco Zaconetti, de la Universidad Nacional de San Marcos; Miguel Santillana, del Instituto Perú de la Universidad de San Martín de Porres, y María Chappuis, ex directora general de Minería.; así como el empresario minero Augusto Baertl y el congresista por Junín Hildebrando Tapia.
DOE RUN PODRÍA APELAR AL TLC CON EE.UU.
Incluso, Baertl aseguró que si el Estado llegase a intervenir la empresa, Doe Run podría apelar al tratado de libre comercio entre el Perú y Estados Unidos., que protege las inversiones de sus empresarios.
Sin embargo, para Patricia Teullet y Alfredo Ferrero, que participaron en las negociaciones de ese acuerdo, ello no sería posible, porque el TLC protege inversiones que cumplen la ley. Ferrero también lo descartó, pues Doe Run no cumple sus obligaciones ambientales, que es una gran preocupación de EE.UU.
El vicepresidente para Asuntos Ambientales de Doe Run, José Mogrovejo, prefirió no comentar si había esa intención en la empresa, pues dijo que su único objetivo como funcionario era establecer los mecanismos para la reanudación de las operaciones.
También insistió en decir que las pretensiones de Doe Run para modificar el contrato de privatización, flexibilizar el pago de sus deudas y la modificación de los estándares ambientales eran propuestas para la discusión con el Estado.
PROBLEMA PRIVADO
Manco y Chappuis consideran que el Estado Peruano no debe intervenir en este caso, porque podría terminar asumiendo las obligaciones ambientales y las deudas de Doe Run. Asimismo, Manco considera muy difícil que la empresa pueda reanudar sus operaciones, porque no solo no cuenta con capital sino porque ha perdido la tercera parte de sus trabajadores.
Chappuis precisó que si el Estado decidiera intervenir asumiría una deuda de US$1.180 millones, porque Doe Run adeuda US$150 millones a su propietario, US$120 millones a sus proveedores, US$270 millones a la Sunat, US$40 millones por limpieza ambiental, US$100 millones por su planta de ácido sulfúrico y más de US$500 millones por indemnizaciones en EE.UU. por daños a la salud de la población y de los trabajadores de La Oroya.
Baertl también recordó que el accionista principal de Doe Run, Ira Rennert, era conocido en el mundo por quebrar empresas y por oscuros manejos. En efecto, su grupo Renco adquirió WCI Steel, AM General, Baron Drawn Steel Corp., Doe Run, Material Handling, entre otras, y con base en ese capital emitió bonos basura. Incluso, su empresa MagCorp fue multada con US$900 millones en EE.UU. por daños ambientales, que no pagó al declararse en quiebra.
PRIMER MINISTRO: “NO ACEPTAREMOS LAS NUEVA PRETENSIONES”
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, reiteró ayer la posición del Gobierno de no aceptar las nuevas pretensiones de Doe Run.
La congresista Gloria Ramos cuestionó al Ministerio de Energía por el problema social que ha generado el incumplimiento reiterado de Doe Run Perú y el daño al medio ambiente.
Policía y FF.AA. evitaron bloqueo de la carretera en La Oroya
Policías y soldados tomaron ayer el control de La Oroya, al cumplirse el segundo día de la huelga general decretada por los trabajadores de la Doe Run Perú. No obstante que la Carretera Central estaba libre de obstáculos, solo algunos camiones y automóviles particulares transitaron por dicha vía. Ningún ómnibus ha circulado desde el domingo.
ENFRENTAMIENTOS ENTRE PNP Y POBLADORES
La numerosa presencia policial y militar se impuso, y a medida que pasaba la mañana grupos de trabajadores en huelga de Doe Run se agrupaban en los sectores Paccha, Curipata, La Oroya Antigua, Marcavalle, sin poder bloquear la vía.
A las 9 a.m., las esposas de los trabajadores se congregaron para marchar, pero fueron impedidas de continuar por la policía. En este ambiente tenso, sin embargo, se produjeron enfrentamientos y conatos en diferentes puntos y horas del día. Un abogado resultó herido y seis personas fueron detenidas. El enfrentamiento más fuerte se produjo al mediodía en el sector del óvalo de Marcavalle, donde pobladores y policías se liaron a golpes.
El dirigente sindical Royberto Guzmán demandó un mayor respeto a los trabajadores y a la población.
PRECISIONES
Fue vendida en US$125 mlls.
Doe Run pagó US$125 millones por el complejo de La Oroya. Según Luis Castillo, de la Federación Minera, “fue un regalo”.
La empresa se comprometió, en 1997, a resolver sus pasivos ambientales, pero nunca lo ha hecho.
El 2008, la empresa facturó por más de US$1.100 millones y tuvo una utilidad por US$300 millones.
Según María Chappuis, ex directora de Minería, ese complejo no es atractivo para el inversionista.
